Un Ataque Mediático

Operación de Propaganda Sectaria  e insensatez jurídica (2012)

Resumen Ejecutivo:

Hay una insensatez jurídica. Un seudo reportero escribe un artículo sobre algo que no es delito ni es cierto, basándose en un video robado que estaba en formato handcam , pero ignora que la persona a la que defiende, Julio Diana, es un supuesto líder religioso metido en parafernalia de drogas y defensa de la marihuana.

Pregunta Capciosa:

Por qué Proal También ignora esta foto de julio diana que esta en varios sitios de denuncia, y que se le dio en un cd …. donde  aparece julio en medio de dos mujeres semidesnudas en un evento de difusion de la mariguana en 2011 cuando el era supuesto ministro religioso. Pero el criminal es el que acusan de tomar pepsi ?

Si Proal fuera un periodista ético, la noticia habría sido el “líder religioso” en el evento de drogas, no el ciudadano tomando refresco.

El reportero mencionado ignoró todo lo anterior, y simplemente sin contactarme me atacó a mí y a un foro, afirmando sin base alguna que el simple hecho de reunirnos en un café Sanborns nos convertía en una secta, mientras defendía a un «disidente» llamado Julio Diana da Silva. Lo que la revista no sabía es que Juan Pablo Proal, lejos de ser un periodista imparcial, tenía vínculos ideológicos y personales con la misma secta que yo había denunciado.

Nadie es tan “descuidado” para ignorar una foto de un líder religioso en un evento de marihuana y amenazas de muerte notarizadas, para luego escandalizarse por una Pepsi. Proal no era un observador, sino simtaizante de la secta al que usaron como sicario mediático con la misión específica de proteger a Diana y hacerme daño. Muchos creen que probablemente se conocieron en ese evento en defensa de la mariguana, ya que Proal era autorde mi amigo es dealer, nadie ha muerto por sobredosiss de mota y otros articulos citados mas abajo.

La diferencia entre análisis objetivo y la propaganda sectaria (Proal) es absoluta.

Las conexiones que el reportero ocultó

Mi investigación, que he documentado a lo largo de los años, demostró que la operación no fue un hecho aislado. Se trataba de una venganza coordinada que tenía sus raíces en una red de líderes de sectas y en los intereses personales del reportero.

• Ideología en común: Mucho antes de su ataque, Juan Pablo Proal ya había demostrado su activismo a favor del uso de la marihuana en cuatro artículos publicados entre 2008 y 2012. En ellos, romantizaba la figura del narcotraficante y defendía el uso de la planta, una ideología que compartía con Julio Diana, quien la usaba como parte de su «tecnología espiritual». Una foto de 2011 incluso muestra a Julio Diana en un evento pro-marihuana con mujeres semidesnudas, confirmando esta conexión, cuando según el era ministro religioso.
  • https://www.proceso.com.mx/304894/mi-amigo-es-dealer (Mi amigo es dealer??)
  • https://www.proceso.com.mx/203696/campana-terrorista-contra-la-mariguana-i
  • https://www.proceso.com.mx/203757/a-consumidores-de-mota-trato-de-delincuentes-ii
  • https://www.proceso.com.mx/203805/nadie-ha-muerto-por-sobredosis-de-mota-iii-y-ultima
• Fuentes comprometidas: Para su artículo, Proal utilizó como fuente a un «ex miembro» llamado Marco Antonio Arenas Chipola y a un «anónimo». La evidencia que entregué a la revista demostró que Chipola era un peón de la secta con historial de robo y acoso. A su vez, el «anónimo» podría haber sido otro líder de secta, Frank Díaz, quien tenía su propia carpeta de investigación por acoso sexual en mi contra desde 2004 y otras de terceras personas. Tampoco trató de verificar la información, antes de hacer afirmaciones que eran a la vez serias y ridículas.
  • Su fuente Fue expulsado por estafa a su propio maestro (Hoffner Long) y acoso sexual a foristas. Incluso antes del robo en 2011 y de la plática en 2012 asentada en la fe de hechos.
• Mentiras para desacreditar: El ataque de Proal se basó en una serie de falsedades, desde usar las reuniones en un Sanborns como prueba directa de una secta, hasta inventar una supuesta dieta de carne y Pepsi y afirmar que la ruda era una droga alucinógena. Su artículo incluso defendía a estos individuos, ignorando que sus propios aliados los habían expulsado de eventos por ser «gritones y groseros» y las averiguaciones de 2008, Julio Diana, amenazas drogado, y  Marco Arenas, robo 15 sep 2011, entre otras. Hay razones para suponer que el intento de asesinato del 17-oct 2008 en mi contra fue organizado por ellos y hay firma autógrafa del segundo, en esa fecha y su ratificación.
• Y justamente el 7 de Octubre de 2011 Me crean un perfil de facebook que me regresan Facebook. Hipótesis: Usaron documentos del robo 15 sep.
• Contradicción: El hecho de que él sea el mismo «testigo» en la difamación de Proceso y al mismo tiempo un testigo de un ataque violento en mi contra(denuncia y ratificación), es una contradicción devastadora para la credibilidad de la secta. Expone su patrón de conducta:  atacan, y luego usan la difamación como una forma de ocultar sus crímenes. Hablan para cubrirse de supuestas «falsas denuncias» (inexistentes) de Narcotráfico incitadas supuestamente por mi, pero no pueden dar número, fecha, persona demandada, y en todo caso la denuncia sería un acto criminal de ellos.

Cronología que está en sitios:

• • 8 jul 2008 CUH 6 T2 – 01648 – 08 -10, vs Julio Diana Intento de suplantar identidad y otros delitos, se comprueba que no hay falsedad de declaraciones en mi dicho  así que En el año 2008, en junio 2008 Julio Diana llega absolutamente drogado a amenazarme ante ocho testigos y se le deja libre porque no es imputable por l oque hizo ese día, por su consumo de sustancias. El análisis de CAPEA muestra que soy mentalmente sano (folio 104), y se pone queja porque no se toman acciones por su falsedad probada de declaraciones y fraude procesal. Queda asentado en esa misma ocasión que miembros de su secta tratan de filmarme
  • Julio Diana dice CUH – 2 – T3 2272 08 07 dice no ser secta y chipola firma de las circunstancias del intento de asesinato y el 17 de octubre (fecha no estoy seguro) un a persona llamada el maestro de artes marciales MARCO ANTONIO ARENAS CHIPOLA, que no sabíamos era simpatizante de el, pasa el intento, Aunque el citado Marco Arenas pone su firma de lo que pasó en esa denuncia y su ratificación como testigo, tiempo después  lo corremos al descubrir relación de amistad ya probada con el citado Julio Diana Da Silva, por lo que suponemos que nos puso para que la secta destructiva me matara, y empezamos a ver otros indicios que el citado MARCO ARENAS era ladrón incluso antes del 2011
  • DGPDSC/DSC/003634/08 Intento de importar droga por la secta (literalmente Julio Pidio pemiso para importar hoja de coca y le dijeron que no)
  • 15 sep 2011 Averiguación FMH MH1-ti-03175/1109 contra Marco Arenas o quien resulte por robo Misma que atiende un Ministerio Público que de momento no recuerdo si es Carlos Medina , (Carlos Mejía o Carlos Mendoza me acuerdo que era con M), de la que sustraen documentos para robo de datos bancarios, de hacienda y de identidad. Mis vecinos describieron a Marco Antonio Arenas Chipola de manera muy clara, No hay muchas personas que tengan las características. Medio Jorobado, con problemas de vista, paso errático, calvo, lampiño, etc.

Si bien la carpeta de investigación por el robo de documentos en 2011 no derivó en una sentencia formal contra Marco Arenas Chipola, constituye un indicio contundente de que el reportero Juan Pablo Proal actuó guiado por sesgos personales y no por criterios de investigación objetiva. La ausencia total de contacto conmigo para obtener mi versión de los hechos —a pesar de que existían múltiples fe de hechos, números de averiguaciones previas (puse solo unas), y publicaciones públicas sobre la secta— revela una negligencia flagrante. Un periodista profesional habría indagado no solo la relación directa de su fuente con un robo reciente, sino también el extenso historial de Julio Diana y su grupo, incluyendo documentos absurdos sobre invasiones extraterrestres, doctrinas esotéricas, y amenazas explícitas registradas en foros que el propio Proal cita como fuente. La omisión deliberada de esta información crítica, sumada a la decisión de basar su artículo en el testimonio de un presunto delincuente vinculado a una estructura sectaria, sugiere que su publicación fue motivada por intereses ajenos al periodismo, comprometiendo su imparcialidad y reforzando la hipótesis de simulación editorial.

Lo más absurdo es que la ‘fuente principal’ de Proal, Marco Antonio Arenas Chipola, había firmado dos veces en 2008 como testigo a mi favor en:

• La detención de Julio Diana por amenazas (5 de julio 2008, averiguación CUH 6 T2 – 01648 -08 -10)
• El intento de asesinato en mi contra (17 de octubre 2008 – con firma y ratificación)
• En 2011, mis vecinos lo describieron físicamente en relación con un robo en mi domicilio (averiguación FMH MH1-ti-03175/1109).
• Y en 2012, este mismo individuo aparece como el ‘testigo creíble’ defendiendo a Julio Diana ante Proal.

Esta contradicción es devastadora: ¿Cómo puede alguien que firmó siendo uno de ocho testigos de amenazas y un ataque violento en 2008, aparecer cuatro años después como ‘testigo imparcial’ defendiendo al agresor? La respuesta está en las páginas 7-9 de la fe de hechos notarizada 28308,  (hay otras anteriores) donde Julio Diana le explica a un ‘maestro de Tae Kwon Do’ que yo estoy ‘poseído por un extraterrestre’ y que hay que ‘matarlos, exterminarlos sin piedad alguna’. Ese maestro era Marco Arenas, reclutado por la secta después de haber sido testigo de los ataques.

• Así que sus fuentes son tan fiables que violan el principio básico de consistencia testimonial. En cualquier tribunal del mundo y para cualquier periodista serio, un testigo que cambia su versión 180 grados y además tiene carpetas de investigación en su contra sería descalificado inmediatamente. Pero al parecer, para Proal, esto era una ‘fuente confiable’. Es el equivalente periodístico de usar a la hermana de quien escribió una página de la Wikipedia como única referencia en una tesis doctoral: técnicamente es información, pero no es exactamente lo que llamaríamos ‘riguroso’. Y del periodista le diríamos muchas cosas, pero con sus acciones él las dice solo.

Lo más absurdo es que Juan Pablo Proal, en al menos cuatro artículos que ahora aparecen bajo el crédito genérico de “La Redacción”, defendía abiertamente el consumo de marihuana y normalizaba el vínculo y relaciones de amistad con distribuidores ilegales, presentándolos como personajes entrañables o víctimas del sistema. Sin embargo, en otro texto publicado en el mismo sitio, criminaliza a personas que simplemente acudían a Sanborns, tomaban café, carne o Pepsi, acusándolas de formar parte de una “secta”. Es posible que, al haberse señalado esta contradicción desde 2012, el medio haya optado por retirar su nombre de los artículos más polémicos. Pero eso no elimina la incoherencia editorial: el mismo sitio web que promueve la desestigmatización de consumidores de cannabis, avala a una secta conocida por simulación y hostigamiento, y ataca a ciudadanos comunes por hábitos cotidianos. Esta doble moral revela una pauta ideológica, no periodística.

Juan Pablo Proal tenía una línea editorial claramente favorable al consumo de marihuana, lo cual coincide con el entorno ideológico de Julio Diana y Alland Padgett así que Proceso ha retirado su nombre de al menos cuatro artículos polémicos, lo que sugiere una estrategia de encubrimiento reputacional y Que el mismo medio que publicó un ataque contra mi por “tomar Pepsi” y reunirme en un café, toleró y promovió narrativas que minimizan el consumo de sustancias, incluso en contextos de simulación y sectas.

Por lo mismo, hicimos el trabajo que el reportero debió haber hecho: investigar, documentar, trazar fuentes y presentar hechos verificables. No es una reacción emocional, sino una respuesta documentada, trazable y jurídicamente protegida. Al exponer las incoherencias del reportaje, la omisión deliberada de datos públicos y la falta de profesionalismo del autor, demuestro que nuestro posicionamiento no se basa en opiniones, sino en hechos verificables. De hecho, por su rigor, trazabilidad y uso de fuentes abiertas, este trabajo puede considerarse un ejercicio legítimo de periodismo de investigación web, orientado a la reconstrucción de contexto y la protección reputacional frente a simulación editorial.

Este texto no constituye un ataque, sino un ejercicio legítimo de los derechos consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución: el derecho a la información y a la libre expresión. La inactividad profesional del periodista durante más de nueve años, sumada a la naturaleza ridícula y editorialmente simulada de las acusaciones originales, refuerzan mi posición. No estoy difamando; estoy desmintiendo públicamente una agresión mediática que trató de dañar nuestra reputación sin fundamento técnico ni ético.

La realidad vs. la propaganda

El contraste entre la propaganda sectaria y la realidad se evidenció de manera dramática: el mismo día que entregaba la documentación sobre las violaciones periodísticas de Proal a las oficinas de Proceso, una vendedora de jugos nos relató espontáneamente cómo el conductor drogado de marihuana que atropelló a su hija y la mató le ofreció apenas 3,000 pesos como «perdón».

Mientras Proal romantizaba a los dealers como «emprendedores» y «jóvenes comunes y corrientes», las familias mexicanas sufrían las consecuencias reales de la normalización del consumo de drogas que él promovía. Esta coincidencia ilustra perfectamente la desconexión entre la retórica sectaria de «liberación» y el daño tangible que causa la promoción irresponsable del consumo de sustancias.

INSENSATEZ JURIDICA –  NULIDAD DE ACTUACIONES Y EVIDENCIA DE ILÍCITOS

EL VIDEO: LA PRUEBA DEL ROBO, NO DEL DELITO El material que Proal y la secta presentan no es una investigación: es la evidencia física de un Allanamiento y Robo a Casa Habitación.

• Para la Ley: Es una Prueba Espuria (Nulidad absoluta).

• Para nosotros: Es la confesión pública de que ellos tienen en su poder lo que sustrajeron de mi domicilio en 2011. Al exhibirlo, no me acusan a mí; se confiesan culpables de robo ante el Ministerio Público.

Lo que hace que este caso sea una insensatez jurídica de manual es lo siguiente: El video robado era parte de materialde un documental, en un campamento y una fogata. que muestra un campamento lícito no puede ser usado para “denunciar” una secta, porque acampar es un derecho. Pero ese mismo video sí sirve como prueba plena de robo, porque la única forma en que Proal pudo obtener un material privado, inédito y de propiedad intelectual ajena, fue a través del sustraído en el robo de 2011. Además se violan derechos de privacidad, violación a la intimidad y además el derecho al uso de la propia imagen.

Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen (CDMX)

Exactamente. Al haber ocurrido el robo y el allanamiento de morada en un domicilio de la Ciudad de México, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal (ahora CDMX) es la herramienta jurídica principal y más agresiva para este caso.

Esto es independiente del robo sin violencia y allanamiento de morada

Esta ley (publicada en 2006) era la herramienta principal en la capital. Define el derecho a la imagen como:

“La facultad de disponer de su apariencia física y de autorizar o no la captación y difusión de su imagen.”

• Art. 18: Establece que la imagen de una persona no puede ser publicada, difundida o comercializada sin su consentimiento.

• Art. 20: Es vital para este caso, pues señala que el consentimiento puede ser revocado o, más importante, que no existe consentimiento si el material fue obtenido de forma ilícita (como el robo del video).

3. Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)

Esta es una fuente federal (aplica en todo el país) y es muy poderosa contra periodistas:

• Artículo 87: “El retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado, con su consentimiento expreso”.

• Excepción: Solo se permite sin consentimiento si es para fines informativos o de interés público, PERO la jurisprudencia de 2011 ya aclaraba que si el material no muestra un delito (como tu video del campamento), no hay “interés público” que valga, y se convierte en una invasión ilegal.

4. Concurso necesario de delitos y jurisdicción CDMX

Estamos ante lo que en derecho se llama un CONCURSO NECESARIO DE DELITOS, donde una sola operación (el ataque mediático) activa múltiples infracciones en dos momentos distintos: cuando hacen el robo (obtención) y cuando lo suben a la red (difusión).

Sin el robo, no hay video; sin el video, Proal no tiene “reportaje”. Por lo tanto, el robo fue el paso necesario para ejecutar la difamación. Esto tiene implicaciones legales muy graves :

• Inseparabilidad de la Ilicitud: Al ser un concurso necesario, la ilegalidad del robo “contamina” automáticamente todo el proceso mediático. No puedes separar el “periodismo” del “crimen” porque el primero no existiría sin el segundo.

• Al haber ocurrido ambos en la Ciudad de México, la jurisdicción es total y absoluta para la fiscalía local.

• Entre otros delitos, robo, allanamiento  de morada, asociación delcituosa (urion atl, julio diana marco arenas y proal )

Aquí los delitos y agravantes que se configuran claramente bajo el Código Penal de la CDMX y leyes complementarias aplicables en ese periodo:

1. Delitos por la Obtención (El asalto al domicilio)

• Allanamiento de Morada (Art. 285): Por el ingreso ilegal a tu propiedad privada.

• Robo Calificado (Art. 220 y 225): Al ser cometido en vivienda y sobre equipo que contenía propiedad intelectual (el documental).

• Revelación de Secretos (Art. 213): Quien obtenga indebidamente información o imágenes y las difunda en perjuicio de alguien. Este es clave porque el video era material privado y no destinado al público.

2. Delitos por la Difusión (La operación mediática)

• Receptación o Encubrimiento por Receptación (Art. 243): Este aplica para Proal y la secta. Al recibir y usar un video robado apenas 144 horas después del crimen, se presume que conocían su origen ilícito. “Poseer los frutos de un delito” es un delito en sí mismo.

• Fraude Procesal (Art. 310): Al intentar engañar a la opinión pública (y potencialmente a una autoridad) presentando un video lícito (campamento) como si fuera una evidencia criminal (secta). Estaban simulando un hecho para obtener un beneficio (dañar tu reputación).

• Discriminación (Art. 206): Al estigmatizarte y perseguirte por tus creencias o estilo de vida (el “sectarismo” inventado por comer carne o Pepsi), incitando al odio público.

3. Delitos Informáticos y de Intimidad (Agravantes)

• Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática (Art. 211 Bis): Al extraer el archivo digital de tus dispositivos robados.

• Violación de la Comunicación Privada: Un video grabado para un documental privado es una comunicación protegida. Abrirlo y difundirlo sin orden judicial es un delito federal y local.

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El esquema de la “Doble Jurisdicción” para el expediente:

El caso presenta una acumulación de ilícitos en doble sede jurisdiccional:

1. Jurisdicción por Ejecución (Obtención): El Ministerio Público de la CDMX es competente por el Allanamiento y Robo Calificado en el domicilio de la víctima.

2. Jurisdicción por Efecto (Difusión): La fiscalía mantiene competencia porque el acto de difamación y la exhibición de la Prueba Espuria se originó y consumó en la misma entidad, activando la Ley de Responsabilidad Civil de la CDMX y el delito de Receptación.

Esta estructura demuestra que no fue un error periodístico, sino una cadena delictiva continua que inició con una intrusión física y terminó con un linchamiento mediático coordinado.

 

1. Inexistencia de Elementos del Tipo Penal

Desde la dogmática penal, para que un Ministerio Público inicie una acción, debe existir una conducta que encuadre en la ley. El reportaje de Proal y el video carece de Tipicidad:

• Atipicidad de la Conducta: Reunirse en un establecimiento mercantil (Sanborns) y SUPUESTAMENTE consumir productos legales (Pepsi, carne) constituye el ejercicio de derechos previstos en los Artículos 5° y 9° Constitucionales (Libertad de trabajo y asociación).

• Ausencia de Bien Jurídico Tutelado Vulnerado: No hay querellante, no hay víctima, no hay daño patrimonial ni afectación a la salud pública. Jurídicamente, la “denuncia” mediática es un Hecho No Delictuoso.

2. La Doctrina del “Fruto del Árbol Ponzoñoso” (Nulidad Probatoria)

Cualquier tribunal desecharía el video de la handcam con base en el Artículo 20, Apartado IX de la Constitución y el Artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP):

• Prueba Ilícita: El video es producto de un Robo a Casa Habitación con Violencia/Allanamiento (Averiguación FMH MH1-ti-03175/1109).

• Conexión Causal: La publicación del video 144 horas después del robo establece una presunción legal de autoría o receptación contra quien lo subió (canal “urionatl”) y quien lo difundió (Proal/Secta). El video no es evidencia contra la víctima, sino la prueba principal del robo contra los victimarios.

• La posesión y difusión del material por parte de Proal, sin mediar contrato de cesión de derechos o prueba de origen lícito, constituye una confesión de parte sobre el manejo de objetos sustraídos ilegalmente.

3. Deficiencias Técnicas: Cadena de Custodia e Integridad

Para un perito en informática forense o un MP, el video carece de valor probatorio por:

• Este video no tiene ningún valor legal y es nulo de pleno derecho porque es el resultado de un robo; en derecho, a esto se le llama “el fruto del árbol prohibido”, donde una prueba obtenida por un delito no puede usarse para juzgar a nadie. Además, el video no muestra ninguna actividad ilegal del titular, por lo que su contenido es irrelevante; lo único que demuestra el video es que quienes lo presentan son los autores del robo, ya que al mostrarlo están confesando públicamente que tienen en su poder algo que se robaron, convirtiendo su supuesta “prueba” en la evidencia que los termina incriminando a ellos mismos

• Ruptura de Cadena de Custodia: Al ser un material editado y subido a una plataforma pública por un tercero anónimo, se pierde la Trazabilidad. No hay certeza de que el material no haya sido alterado (montaje, doblaje o edición selectiva).

• Incompetencia de la Fuente: La fuente informativa (Marco Arenas Chipola) presenta una Contradicción Testimonial insalvable: firmó como testigo de cargo a favor de Orozco en 2008 y luego aparece como “acusador” en 2012, tras ser señalado como autor de un robo contra la misma persona unos días antes. Esto destruye su probidad y credibilidad ante cualquier juzgador.

4. Responsabilidad Civil y Penal de los Difusores

El uso de una fotografía de la madre de los hijos de la víctima, obtenida de un video robado, configura:

• Daño Moral: Afectación al honor y la vida privada con fines de dolo (Art. 1916 del Código Civil).

• Violación a la Intimidad: Al no haber un interés público legítimo (puesto que no hay delito que reportar), la difusión de imágenes privadas obtenidas ilícitamente genera responsabilidad solidaria para el medio de comunicación.

5. Delitos cometidos por Juan Pablo Proal

Para un Ministerio Público (MP) o un Juez de Control, el hecho de que Juan Pablo Proal ignorara deliberadamente la Fe de Hechos 28308 y las anteriores , así como las pruebas de la naturaleza sectaria de Julio Diana no es un “error de criterio”; es un indicador de Dolo Reticente y Auxilio en la Comisión de Ilícitos.

INSENSATEZ JURÍDICA ABSOLUTA:
El artículo de Proal viola:

❌ Ética periodística: Cero contraste de fuentes
❌ Debido proceso: No escuchar a acusado
❌ Lógica jurídica: Usar criminal como testigo creíble
❌ Sentido común: Criminalizar tomar Pepsi, defender dealers
❌ Coherencia editorial: Mismas páginas, mensajes opuestos
❌ Protección datos: Solicitar ubicación laboral sin justificación
❌ Responsabilidad profesional: Ignorar evidencia documental entregada

La insensatez más grave: Pregunta de Proal: “¿Dónde trabajas?”

Esto NO es pregunta periodística – Es facilitación de acoso potencialmente letal, dado que Ya hubo intento homicidio (2008) Ya hubo robo para obtener datos (2011) y el Patrón documentado: información laboral para acoso.

Un periodista que pregunta ubicación física laboral a víctima de intento asesinato NO está investigando – Está facilitando segundo intento.

Nota:  No  es posible la defensa de ejercicio periodístico.

 

Explicaremos por qué, legalmente, no puede cubrirse con esa figura y qué indica esto para una autoridad:

a. Ausencia de “Estándar de Veracidad” y “Debida Diligencia”

En el marco jurídico mexicano y según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre libertad de expresión, el ejercicio periodístico no es una patente de corso para difamar.

• El criterio legal: Para que un periodista sea protegido, debe demostrar que realizó una “diligencia razonable” para verificar los hechos.

• La interpretación del MP: Al no haber buscado a Alfonso Orozco (teniendo los datos de contacto disponibles en los sitios web que él mismo cita) el MP concluye que no hubo intención de informar, sino Ánimo de Injuriar (animus injuriandi). La omisión de contacto es una prueba técnica de Mala Fe.

b. Violación al Principio de Contraste de Fuentes

Para un juzgador, un reportaje que solo usa la versión de una parte (especialmente si esa parte es un agresor documentado) no es periodismo, es Propaganda o Difamación por Encargo.

• Lo que indica al MP: Indica una concertación de voluntades (complicidad) entre la fuente (Julio Diana/Chipola) y el medio. El MP lo vería como una simulación donde el periodista se prestó para ser el megáfono de una secta, evitando contactarme para que la verdad no “arruinara” la narrativa que ya habían pactado.

c. El “Reportaje Neutral” no aplica aquí

Los periodistas a veces intentan cubrirse diciendo que solo están “reportando lo que otros dicen” (Doctrina del Reportaje Neutral). Sin embargo, el MP desecharía esto porque:

• Conocimiento de la Falsedad: Proal recibió un CD y correos con las pruebas de que Diana era un instigador al homicidio y que Chipola estaba vinculado a un robo.

• Inaplicabilidad: La protección del reportaje neutral cae cuando el periodista sabe (o es evidente) que la fuente es falsa, delictiva o está motivada por la venganza. Al no buscarte, Proal renunció a la neutralidad para convertirse en coautor del hostigamiento.

• Proal (o su equipo) no solo recibiera el material robado, sino que además generara contenido propio (fotografías y enlaces) sobre un material que carece de sustancia delictiva, transforma al periodista de un “observador” a un agente activo de la agresión.

d. Prueba de la “Real Malicia”

En casos de figuras públicas o temas de interés general, se usa el estándar de Real Malicia.

• Para el MP: No buscar a Orozco es la prueba de que el reportero actuó con “temerario desprecio por la verdad”. Al ignorar las evidencias notariales que estaban públicas y publicar solo la versión del “ladrón” y el “instigador”, Proal se sitúa fuera de la protección constitucional del periodismo y entra en el terreno de la responsabilidad civil y penal.

Desde la óptica legal y de procuración de justicia, esto indica lo siguiente:

e. Omisión de Auxilio y Encubrimiento de Amenazas

La Fe de Hechos documenta una incitación directa al asesinato (“hay que matarlos sin piedad”). Al tener conocimiento de este documento (entregado en el CD y por correo) y decidir no mencionarlo, el reportero incurrió en:

• Ocultamiento de Información Criminal: Ignoró una amenaza de muerte real y notarizada para enfocar su artículo en conductas atípicas (Pepsi/Sanborns). Para un MP, esto sugiere que el reportero actuó como un agente de desinformación para proteger a un presunto agresor (Julio Diana) desviando la atención de sus amenazas criminales.

f. Participación en una “Simulación de Hechos”

Si un periodista tiene pruebas de que su fuente (Julio Diana) es el verdadero victimario (por las amenazas de muerte y el robo de 2011) y aun así lo presenta como “víctima” o “disidente”, el MP lo vería como:

• Fraude Procesal Mediático: Proal utilizó la marca de Proceso para validar una narrativa falsa. Al ignorar la prueba de que Diana pedía el exterminio de la víctima, el reportero se convirtió en un instrumento de la secta para invertir los roles: hacer que el criminal parezca denunciante y que la víctima parezca delincuente.

g. Falta de “Debida Diligencia” y Mala Fe

En el derecho civil y penal, la “buena fe” se pierde cuando se tiene conocimiento de la verdad y se decide ignorarla.

• El Indicador para el MP: El CD entregado con las pruebas de la inestabilidad mental de Julio Diana (su paso por instituciones psiquiátricas) y sus amenazas, constituye un Aviso Legal. Al ignorar esto, Proal pierde la protección del “ejercicio periodístico” (que exige veracidad y contraste). Para la autoridad, esto es prueba de que el artículo fue una venganza por encargo, no una investigación.

h. Co-responsabilidad en el Hostigamiento (Stalking)

El MP analizaría la pregunta de Proal sobre tu lugar de trabajo junto con su omisión de la Fe de Hechos.

• Análisis Legal: Al ignorar que Diana quería “exterminarte” y acto seguido preguntarte dónde trabajas físicamente, el reportero está facilitando información logística a un individuo con intención homicida documentada. Esto podría tipificarse como complicidad en grado de tentativa o facilitación de medios para el acoso.

CONCLUSIÓN JURÍDICA

Son dos caminos: Invasión ala vida privada al no haber delito.

Y por asociación con Julio Diala:

El expediente Proal-Diana-Chipola se resume como una Simulación de Hechos:

1. Móvil: Venganza personal por las denuncias penales previas (2008).

2. Medio: Robo de información (2011) y difamación mediática (2012).

3. Resultado: Un reportaje que, al no contener indicios de criminalidad, se convierte en un reconocimiento público de receptación de objetos robados.

El video no es una prueba de “sectarismo”, es la evidencia material del robo cometido el 15 de septiembre de 2011. Quienes poseen y difunden ese video están en posesión de propiedad ajena obtenida de manera ilícita.

Un periodista que cumple con la ley, al recibir la Fe de Hechos con amenazas de muerte y un video de procedencia dudosa, tiene dos caminos legales:

1. Denunciar a la fuente: Acudir al MP para reportar que Julio Diana está incitando al asesinato.

2. Verificar el origen: Confirmar si el video fue robado antes de difundirlo.

Veredicto Final: Al elegir el camino de la difamación por “Pepsi” y el silencio sobre las amenazas de muerte, Proal renunció a su protección como periodista y se situó como un operador de la secta en la comisión de un daño moral y el encubrimiento de amenazas criminales.

Para cualquier autoridad, el comportamiento de Proal indica que actuó como el brazo mediático de una célula delictiva.

1. Recibió material robado (Averiguación MH1-ti-03175/1109).

2. Validó la mentira de fuentes que pedían el exterminio de la víctima (Fe de Hechos 28308).

3. Fabricó una “acusación” basada en conductas lícitas, sabiendo que no existía delito alguno.

Veredicto Legal: El reportaje es una confesión de complicidad. El periodista tuvo la oportunidad de denunciar las amenazas de muerte de Julio Diana y el robo de Chipola, pero prefirió usar el botín para difamar a la víctima.

La evidencia que Proal ignoró

La prueba más contundente de la falta de ética periodística de Juan Pablo Proal es la evidencia que ignoró deliberadamente. Desde 2005 hay varios sitios sobre defensa contra la secta; en ese entonces venían los datos de contacto en cada uno de esos sitios, de un «aviso 2009» donde se indicaba como contactar al Maestro de Artes marciales, Hoffner Long, estafado por Chipola, así como una hoja de ese mismo maestro hecha de puño y letra con importes y fechas de la estafa. Se detalla claramente que Chipola fue expulsado de nuestras reuniones por acoso a foristas y el robo a Hoffner. Enlaces ejemplo aquí ( https://ojosalerta.org/aviso-2009/  y https://rojointenso.net/aviso2010.html ) Eso era solo una parte de la información disponible e ignorada, además mi equipo le entregó en las oficinas de Proceso a una persona con acuse de recibo, un CD que incluía documentación como libros donde decia Julio haber estado en una escuela de retrasados mentales, y se incluían otros documentos, incluyendo datos de fe de hechos notarizada donde el líder de la secta, Julio Diana, declaraba que yo estaba «poseído por un extraterrestre» y que había que «matarlos, exterminarlos sin piedad alguna», eso está publicado ahora en otro link más reciente, páginas 8 y 9. https://sectatolteca.com/Fe-de-Hechos-28308.pdf

Además, se incluían pruebas de que otro seguidor de la secta, Allan Padgett, quería «ver [mis] tripas rodando por la avenida». A pesar de tener acceso a pruebas de incitación a la violencia, el reportero eligió encubrir a los agresores y atacar a la víctima.

Este link es una prueba de la relación de proal, que iba en el CD, es un PDF que muestra la evidencia de las amenazas y la relación de amistad.

https://sectatolteca.com/padgett2012.pdf

• La «fuente» de Proal no era un disidente creíble, sino un criminal. Esto descalifica por completo la credibilidad del artículo de Proceso.
• En la fe de Hechos, Julio Diana (fundador de sectas Kinam y linaje1723) le dice a Chipola/rayzu que hay que matarme. Y este lenguaje de odio lo ignora Proal.

• El hecho de que le entregamos un CD con pruebas de las amenazas de Diana («matarlos, exterminarlos sin piedad») y su propia confesión de Julio Diana de haber estado en una institución mental es el punto culminante. No era un hecho aislado. Sabemos que Proal tenía en sus manos la prueba de que su historia era falsa y peligrosa, pero eligió publicarla de todos modos, sin hacer verificaciones, violando completamente el equilibrio informativo que se resume en el principio fundamental de «Contrastar fuentes». Este principio es esencial para presentar una noticia de forma completa y objetiva, solo que Proal ignoró deliberadamente la información online, la entregada en el CD, y cuando nosotros lo contactamos por correo. Tenemos el correo como evidencia.

• Cuando nosotros contactamos a Juan Pablo Proal por correo electrónico, su respuesta se limitó a una sola frase: me preguntó trabajo. Todos los sitios mencionan que soy DEVOPS; pero para fines prácticos la segunda pregunta sería el lugar de trabajo. Hago un comentario de porque es una pregunta absurda. Preguntar por mi trabajo ? Esta pregunta no solo fue absurda, peligrosa y poco ética, sino que trece años después resulta aún más preocupante, ya que en 2025 ese lugar sigue siendo mi fuente principal de ingresos, demostrando el verdadero objetivo de hostigamiento de la secta detrás de su supuesta investigación periodística. No existía razón periodística alguna para solicitar específicamente mi lugar de trabajo. Si hubiera tenido intenciones profesionales legítimas, habría preguntado sobre mis fuentes de ingresos o “a qué se dedica usted”, pero su pregunta directa sobre “el trabajo” implica decir la ubicación física revela intenciones siniestras: ¿era para facilitar OTRO intento de asesinato o para orquestar una campaña de difamación en mi centro laboral? La especificidad de su consulta expone que no buscaba información para un artículo, sino datos para el hostigamiento de la secta que dirige Julio Diana. Lo que debió preguntar era sobre el artículo o decir que nos viéramos para una entrevista. Pero no. Me preguntó sobre mi trabajo…. Cosa que Julio Diana siempre quiere saber

  • Se supo que en el 2003-2006 Estuve en una fábrica de Galletas, y Julio Diana se aventó una historia producto de su imaginación en laque metió a Juan Yoliliztli, de la Editora Alba. Y si, pero porque yo, temiendo por mi vida, hice que quedara evidencia de que coche conducía Yoliliztli con las personas de seguridad de mi trabajo.
  • Otro incidente, como había documentado públicamente desde 2009 en https://kinam.com.mx/cronologia/, existe un patrón claro y preocupante: cada vez que Julio Diana obtenía información sobre mis lugares de trabajo, la convertía en historias delirantes. Cuando Julio llegó drogado al restaurante en julio de 2008, mencioné en nuestra denuncia el nombre de la empresa donde yo estaba laborando. Para octubre de 2009, él ya había inventado una fantasía completa sobre ‘ministerios públicos con patrullas y sirenas’ llegando a notificarme allí, pero esto era imposible por  razones que ya explique en el link de fantasías judiciales: (  No pueden ir a un domicilio que no tienen  , Donde no estaba la persona buscada que se llamaba diferente y que no había cometido delito alguno )
    1. Para mas detalles ver el link Fantasias Judiciales.
    2. El documento estaba equivocado de nombre. Estaba Julio tan drogado que el documento era contra Alfonso Orozco Aguirre.
    3. Tenía prioridad el domicilio dado para oir y recibir notificaciones , que era en el de mi casa. (recibí una notificacíon de un cartero poero iba a un testigo no a mí)
    4. el domicilio correspondía a delegación equivocada, usaba nombre incorrecto (‘Alfonso Orozco Aguirre’),
    5. Hay un problema de jurisdicción. Si El delito fue en una delegación, mi casaa en otra y mi trabajo en un tercero que no tiene nada que ver, tendrían que coordinarse tres delegaciones diferentes para una acusación que aemás era sobre un nombre incorrecto.
    6. No había razón para detenerme o hacer un cateo. No tenían que estar haciendo nada allí. Y como no estaban ahí por una razón que pudieran recibir una orden (unaorden de presentación? imposible por …)
    7. “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales”, Ir a mi trabajo violaba el artículo 16 constitucional, si hubiera estado yo los ministerios públicos iban derechitos  a la cárcel por abuso de autoridad (LGRA ahora pero entonces eran delitos contra la la principal legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos en México era la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) ) y
    8. no se asentó el domicilio de trabajo en el expediente,
    9. y la sede de trabajo no correspondía al domicilio fiscal como SIEMPRE PASA EN EMPRESAS GRANDES, así que ni siquiera habrían tenido la dirección para notificar,
    10. No existia orden de detención y era imposible una orden de presentación.
        • NO EXISTIO  una orden de presentación (o de localización y presentación) es una resolución judicial que ordena a la autoridad llevar a una persona ante el Ministerio Público para que rinda declaración sobre hechos investigados en una averiguación previa, sin que implique una detención inmediata, buscando asegurar su comparecencia al proceso penal. ¿Para que iban a ir a mi trabajo?
    11. mi contrato había terminado tres semanas antes y era físicamente imposible por múltiples razones legales y técnicas:
    12. y el domicilio de trabajo ocurría en un edificio insonorizado a 40 metros de altura donde era imposible escuchar sirenas. Las notificaciones legales se hacen por cartero al domicilio registrado, no por ministerios públicos en patrullas. Julio Diana nunca ratificó su declaración y cayó en falsedad de declaraciones. Esta información estaba disponible públicamente desde antes de 2012, demostrando exactamente por qué era peligroso e inapropiado que cualquier periodista preguntara sobre mi trabajo. Proal tenía acceso a esta evidencia que explicaba el patrón de acoso, pero eligió ignorarla deliberadamente.“
  • Por eso cree Varias razones sociales. Para no ser acosado Con mis Clientes.

• Ese centro de trabajo del 2012 en 2025 sigue vigente , y me ha generado ingresos equivalentes a contratar dos profesionistas de tiempo completo durante estos trece años, representando no solo mi estabilidad económica, sino la base material de mi independencia. Su pregunta sobre mi trabajo revela que la secta buscaba atacar precisamente esto: mi capacidad de sustento económico autónomo, probablemente para facilitar intentos de suplantación.

Preguntar específicamente por tu trabajo no tiene ningún sentido periodístico válido.

Repito… Por sentido común y protocolo estándar de seguridad, cuando alguien es amigo de una secta y le da la razón a esa secta, no le vas a proporcionar información sobre tu trabajo o empresa. Es lógica básica de protección. Lo que resulta más revelador es que Proal, en lugar de hacer las preguntas periodísticas obvias —como solicitar una entrevista formal, preguntar sobre mi versión de los hechos, o indagar sobre mi relación histórica con Julio Diana y Marco Arenas— me pidió específicamente información sobre mi trabajo y por lo tanto de mi lugar de trabajo. Esto no tiene ningún sentido periodístico, pero sí coincide perfectamente con el patrón de acoso documentado: la secta siempre buscaba obtener información personal y laboral para usarla en mi contra. Un reportero legítimo habría preguntado sobre los hechos; un operador sectario pregunta dónde trabajas.

Como había documentado públicamente desde antes de 2012 en sectatolteca.com y desde 2015 en  https://templotolteca.com/robo-de-identidad/, existía un historial extenso de robo de identidad financiera y obsesión por obtener información laboral por parte de la secta. Cualquier búsqueda básica habría mostrado a Proal exactamente por qué no proporciono datos de trabajo. Pero él prefirió ignorar esta evidencia pública.”

Un periodista profesional que realmente quisiera hacer un artículo legítimo habría preguntado cosas como:

• “¿Como conoció usted a Julio Diana y/o Marco Arenas Chipola?” (para empezar)
• “¿A qué se dedica usted?”
• “¿Cuál es su profesión?”
• “¿Qué tipo de trabajo realiza?”
• “¿Cuáles son sus fuentes de ingreso?”

Pero preguntar dónde específicamente trabajas (la ubicación física) no aporta nada al contenido periodístico. Esa información solo sirve para:

• Hostigamiento laboral
• Presión sobre empleadores
• Facilitar acoso físico o amenazas
• Campaña de difamación dirigida
• Posibles intentos de suplantación

Es una pregunta que revela intenciones de hostigamiento, no de periodismo. Un reportero ético jamás necesitaría saber tu dirección laboral específica para escribir un artículo sobre supuestas actividades sectarias.

La pregunta fue diseñada para obtener información útil para el acoso, no para el periodismo.

El marco legal y la conclusión

Este caso se publica ahora, trece años después, con base en los derechos constitucionales de libre expresión y el derecho a la información (fundamento legal detallado al final). La documentación notarizada y las averiguaciones previas que sustentaron mi denuncia original permanecen como testimonio del abuso de poder mediático que ocurrió.

Juan Pablo Proal ya no ejerce como reportero, pero su caso sirve como ejemplo de cómo las sectas destructivas pueden infiltrar y manipular medios de comunicación respetados para ejecutar venganzas personales. La revista Proceso, tras revisar la evidencia que presenté, publicó mi carta aclaratoria y posteriormente removió a Proal de su posición editorial.

La lección es clara: la documentación rigurosa y la persistencia pueden derrotar incluso las operaciones de propaganda más sofisticadas. En un mundo donde la desinformación prolifera, es fundamental que los ciudadanos mantengan la vigilancia contra aquellos que prostituyen el periodismo para servir agendas sectarias.

La verdad, respaldada por evidencia notarizada, siempre prevalece sobre la propaganda.

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Alfonso Orozco Aguilar
Director General
Ojos Alerta AC
ojosalerta.org

(Este texto se basa en Artículos 6 y 7 Constitución, art 222 de CNPP y como seguimiento a averiguaciones previas de 2004 a 2017)